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Médicos y enfermeros con rango de autoridad pública para evitar las agresiones

La Comunidad de Madrid ultima una ley de protección ante conductas violentas que permitiría aumentar las condenas a cuatro años de cárcel
MEDICOS Y ENFERMEROS CON RANGO DE AUTORIDAD PUBLICA PARA EVITAR LAS AGRESIONES
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miércoles, 16 de mayo de 2018

Las agresiones a médicos se incrementan un 4% en toda España


Madrid, 17 de mayo de 2018.-Un paciente está sentado en la consulta del médico escuchando el diagnóstico de la enfermedad que lo ha llevado hasta allí. Como no recibe la información que esperaba antes de entrar, termina por insultar a su interlocutor o, en el peor de los escenarios, incluso se lía a puñetazos.
Sólo en 2017 se registraron al menos 1.936 escenas similares a ésta en hospitales y ambulatorios de la Comunidad de Madrid. Para tratar de erradicarlas, el Gobierno autonómico está ultimando el anteproyecto de la Ley de Autoridad de los Profesionales del Servicio Madrileño de Salud, con la que se quiere «proporcionarles la protección y el respeto que les son debidos en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades».


La previsión que se maneja en la Puerta del Sol es que la nueva norma entre en vigor este mismo año tras su paso por la Asamblea de Vallecas para someterla a votación. De recibir la aprobación de la mayoría de la Cámara, tanto médicos como enfermeros y el resto de trabajadores del ámbito sanitario tendrían el mismo rango que desde 2010 ostentan todos los profesores que dan clase en centros educativos de la región.
Es decir, serían considerados agentes de la autoridad pública, como los policías, lo que en caso de ser víctimas de una conducta violenta elevaría las penas de prisión para sus agresores de uno a cuatro años según el Código Penal. Además, según subrayan en la Comunidad de Madrid, «a efectos de un procedimiento sancionador, tal condición les permitiría gozar de presunción de veracidad y valor probatorio a las manifestaciones o testimonios vertidos en sus informes y declaraciones».
Durante el trámite de consulta pública del borrador de la ley, el pasado mes de marzo, el Colegio de Médicos de Madrid planteó que la protección se hiciera extensiva también a los trabajadores del sector privado. En la Consejería de Sanidad explican que en la versión definitiva del texto se incorporará esta alegación porque «teniendo en cuenta el precedente de los centros educativos es coherente que se siga por el mismo camino».
«El tratamiento penal es distinto dependiendo de si el atentado se comete contra una autoridad o no», señala en su exposición de motivos la futura nueva ley. «Este precepto tiene una vigencia demasiado reciente [2015] como para poder evaluar su impacto, pero parece claro que otorgar a los profesionales sanitarios ese carácter constituiría un elemento disuasorio nada despreciable que contribuiría aún más a la erradicación de esas perniciosas conductas», señalan.
La Consejería de Sanidad dispone de un registro de agresiones en el que el año pasado se contabilizaron 1.936, un 33% más que el ejercicio previo, lo que consideran que ha pasado «de ser algo anecdótico a un problema de muy seria entidad». No obstante, según el director de Recursos Humanos, Pablo Calvo, este repunte se debe también al aumento de la sensibilidad social ante este tipo de casos y de la percepción de los episodios de violencia en general, además de a la mejora en la recogida de los datos.

Entre las causas que desencadenan estos comportamientos agresivos se encuentran «el simple hecho de proporcionar una información diferente a la que el paciente o su familia quiere oír; la negativa a certificar una baja o a prescribir un determinado medicamento;la frustración de no ver satisfechas sus expectativas de atención en cuanto a tiempos y pruebas diagnósticas; o la no aceptación por parte del personal sanitario de demandas específicas de los pacientes».
En las situaciones conflictivas registradas la mayoría responden a agresiones verbales y amenazas, aunque también se producen coacciones e incluso agresiones físicas. El año pasado la mayoría de ellas tuvo lugar en los hospitales (1.098), seguidos de centros de atención primaria (792) y en servicios del Summa (46) y entre los profesionales más afectados destacan los enfermeros (51%), seguidos de médicos (32%) y personal no sanitario (15%).
Fuente: El Mundo
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